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Un crimen contra la esperanza

Por Iván Becerra

Cuando la jueza federal Joan Lenard dio por concluido el juicio en Miami contra cinco jóvenes cubanos falsamente acusados de espías, acababa de concretarse uno de los atropellos más notables de la Constitución y los lineamientos jurídicos norteamericanos.

Nunca antes en Estados Unidos alguien había sido condenado, sin testigos y sin pruebas, por espionaje. En realidad, a lo largo del proceso, efectuado en el lugar menos apropiado, bajo la presión de la mafia anticubana, se demostró que los acusados no intentaron jamás vulnerar la seguridad nacional norteamericana.

Fernando González Llort, Gerardo Fernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez y René González Shwerert cumplián en la Florida la misión de observar e informar a Cuba los movimientos y acciones de grupos terroristas que allí fraguan impunemente ataques contra el pueblo de la Isla.

Actualmente purgan condenas que van desde quince años de prisión hasta cadena perpetua, los mantienen aislados unos de otros y, a pesar de ser presos políticos, están sometidos a un régimen de reos comunes.
La gran prensa y el gobierno de Estados Unidos han guardado un perverso silencio en torno al caso de esos cinco héroes, cuya situación, no obstante, comienza a ser conocida en el mundo y en sectores de la sociedad norteamericana por las denuncias de Cuba y la solidaridad internacional.

Ellos no sólo protegieron al pueblo cubano, sino también al de Estados Unidos.
Un enorme cúmulo de violaciones de los Derechos Humanos y de vejaciones han sufrido esos jóvenes cubanos desde que fueron apresados, el 12 de septiembre de 1998.

La historia de la infamia

En la misma mañana en que Fernando, Gerardo, Ramón, Antonio y René fueron arrestados, el FBI se comunicó con los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz Balart, conocidos defensores de la mafia miamense, para darles la noticia. Es un hecho curioso. El FBI no informó a los 25 legisladores de la Florida, sino solamente a esos dos.

Una feroz campaña relacionada con el caso de los "cinco espías cubanos" se desató de inmediato en el abigarrado contexto de Miami.

Los detenidos fueron interrogados durante seis horas consecutivas en el Cuartel General del FBI en Miami. .Ese día los remitieron al Centro Federal de Detención (FDC) y los ubicaron en celdas denominadas "solitarias", sin tener contacto con el exterior durante 17 días.Sin embargo, el asedio sicológico apenas comenzaba.

El 29 de septiembre los trasladaron a la Unidad de Albergamiento Especial, sitio denominado "el hueco", donde ningún prisionero puede desplazarse si no va esposado con las manos en la espalda y acompañado por guardianes.

Las entrevistas con los abogados se efectuaban con un separador plástico de por medio, y bajo vigilancia. Hasta marzo de 1999 permanecieron en solitaria. Se les prohibió ver televisión, escuchar la radio y leer la prensa. Esas condiciones se mantuvieron hasta el 3 de febrero del 2000.

Fueron 17 meses de atroz confinamiento, castigo que, según las normas carcelarias estadounidenses, es reservado a casos graves de desórdenes y asesinatos cometidos en prisión, y no debe exceder de 60 días. Tal proceder viola la Constitución norteamericana y las normas de la ONU sobre tratamiento a los presos.

El 26 de junio los ubicaron nuevamente en el "hueco", donde permanecieron hasta el 13 de agosto. O sea, 48 días más.
De acuerdo con el criterio de juristas y especialistas cubanos, los 17 meses de aislamiento tenían como propósito obstaculizar la labor de la defensa. Los 48 días posteriores se asocian a una especie de represalia. Los cinco acusados habían enviado una carta dirigida a la opinión pública norteamericana, en la cual explicaban la razón y los propósitos de su actividad en Miami, y por la cual el FBI los hizo prisioneros.

Otro interés era minar la capacidad moral y la voluntad de los cinco luchadores contra el terrorismo, en momemntos en que preparaban los alegatos que presentarían en la Vista de Sentencia, única oportunidad en la que podrían hablar directamente ante la Corte.

¿Dónde están los derechos humanos?

A René González Schwerert, uno de los cinco héroes cubanos, le impidieron ver a sus hijas, a pesar de que esa es una de las normas más protegidas por la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada en Naciones Unidas.

Ivette González, hija de René, nacida en Estados Unidos el 25 de abril de 1998, ciudadana norteamericana, ha visto a su padre -también ciudadano norteamericano- solamente dos veces en cinco años. Y él ha estado encadenado a una silla y con guardias vigilándolo.

En el mes de agosto del 2000, tres meses antes del comienzo del juicio, la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de la Florida propuso a René que se declarara culpable a cambio de que su esposa, Olga Salanueva, no fuera deportada a Cuba.

El acusado rechazó indignado esa "oferta". Olga Salanueva estuvo arrestada tres meses y luego la deportaron definitivamente a Cuba, a donde regresó con Ivette, cuyos contactos con su padre son improbables porque la madre no puede ingresar a territorio de Estados Unidos.

Al comentar recientemente esa situación, el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de Cuba, Ricardo Alarcón, se preguntó ¿A qué ciudadano norteamericano se le priva de sus derechos de esa manera? ¿A qué niña norteamericana se le prohíbe ver a su padre y por tan largo tiempo?

El juicio: un acto de terrorismo jurídico

Las garantías procesales en Estados Unidos incluyen habitualmente celebrar los juicios en lugares donde exista un ambiente de imparcialidad. Pero, en el caso de los cinco cubanos, se insistió en efectuarlo en Miami, en un medio viciado por la influencia de individuos y bandas de abierto carácter terrorista y anticubano.

En ese contexto surgió, ocho meses después de la detención de los cinco cubanos, una nueva acusación, la de conspiración para cometer asesinato en primer grado, delito que se le imputó a Gerardo Hernández, vinculado de manera absurda con el derribo de dos avionetas piratas ocurrido el 24 de febrero de 1996. Ese hecho, protagonizado por la Fuerza Aérea Cubana, obedeció a un acto de legítima defensa ante reiteradas violaciones del espacio aéreo nacional.

El insólito curso del proceso condujo a que los letrados de la defensa tuvieran que recurrir a los medios de información para enterarse de supuestas pruebas acusatorias y de las acciones de la Fiscalía, que les eran negados por la vía oficial.

Todas las "pruebas", según el gobierno, pasaron a la categoría de "secretas" , por lo que debían ser tratadas de acuerdo con la Ley de Procedimiento para Información Clasificada. Pero se sabe que la Corte entregó a los voceros de la mafia anticubana de Miami más de 1 400 páginas de documentación que fueron manipuladas en una grosera campaña contra Cuba y los acusados.

Testigos de alto reconocimiento político y militar negaron en su oportunidad que los cinco cubanos se hubieran interesado en información sensible para Estados Unidos y aseguraron que no realizaron acciones de espionaje.

Entre esas personas se incluyen Richard Nuccio, ex asesor del presidente Clinton para Cuba; los generales Charles Wilhelm (ex comandante en jefe del Comando Sur); Edward Atkeson (ex vice jefe de Operaciones Navales) y el coronel George Buckner, quien ocupó una importante responsabilidad en el Comando del Sistema de Defensa Aérea de Norteamérica, así como el general James Clapper, ex Director de la Agencia de Inteligencia del Pentágono.

Se derrumbaba una colosal mentira ante los ojos coléricos de la mafia. Ernesto Betancourt, ex director de la emisora anticubana Radio Martí, escribió en el Nuevo Herald que las supuestas evidencias presentadas por los fiscales llevaban al banquillo de los acusados a los terroristas de la organización Hermanos al Rescate.

Los miembros del Jurado, sometidos a increíbles presiones, protestaron porque los camarógrafos y reporteros de canales de televisión de Miami seguían todos sus pasos y registraban las matrículas de sus automóviles.

Finalmente, el miedo pudo más que la razón. La Corte desestimó el sentido de la justicia, la legalidad, la Constitución y los atenuantes. Y condenó a Gerardo Hernández a dos cadenas perpetuas, más quince años; a Ramón Labañino, a una cadena perpetua, más 18 años; a Fernando González, a 19 años; a René González, a 15 años; y a Antonio Guerrero, cadena perpetua, más 10 años.

El caso de los cinco cubanos luchadores contra el terrorismo se encuentra pendiente de apelación en la Corte de Atlanta, instancia que no ha fijado un calendario al respecto porque no ha recibido toda la documentación.

Los fiscales tratan de que el tiempo entierre la infamia. Prometen entregar 150 páginas con nuevas "pruebas" que, afirman, se encuentran todavía bajo custodia porque son "secretas".

Pero los acusadores saben que no hay ninguna prueba para demostrar que esos hombres atentaron contra la seguridad nacional de Estados Unidos. Ello no conspiraron para asesinar. Ello se limitaron a proteger de la muerte al pueblo cubano y al pueblo norteamericano. Y esos cargos, si se pueden denominar como tales, nunca los han negado.

Si el gobierno de Estados Unidos no acogiera a connotados terroristas anticubanos en su territorio, si no les permitiera actuar impunemente, esos cinco jóvenes disfrutarían ahora en su Patria del cariño de familiares y amigos.

Son inocentes, víctimas de un proceso abyecto. El mundo debe reconocer el brillante expediente contra el terrorismo que acumulan esos luchadores por la paz. Sólo con el concurso de todos podremos liberarlos, en una cruzada por la justicia.

 

 

 

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