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Un crimen contra
la esperanza
Por
Iván Becerra
Cuando la jueza federal
Joan Lenard dio por concluido el juicio en Miami contra cinco jóvenes
cubanos falsamente acusados de espías, acababa de concretarse
uno de los atropellos más notables de la Constitución
y los lineamientos jurídicos norteamericanos.
Nunca antes en Estados
Unidos alguien había sido condenado, sin testigos y sin pruebas,
por espionaje. En realidad, a lo largo del proceso, efectuado en
el lugar menos apropiado, bajo la presión de la mafia anticubana,
se demostró que los acusados no intentaron jamás vulnerar
la seguridad nacional norteamericana.
Fernando González
Llort, Gerardo Fernández Nordelo, Ramón Labañino
Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez y René González
Shwerert cumplián en la Florida la misión de observar
e informar a Cuba los movimientos y acciones de grupos terroristas
que allí fraguan impunemente ataques contra el pueblo de
la Isla.
Actualmente purgan
condenas que van desde quince años de prisión hasta
cadena perpetua, los mantienen aislados unos de otros y, a pesar
de ser presos políticos, están sometidos a un régimen
de reos comunes.
La gran prensa y el gobierno de Estados Unidos han guardado un perverso
silencio en torno al caso de esos cinco héroes, cuya situación,
no obstante, comienza a ser conocida en el mundo y en sectores de
la sociedad norteamericana por las denuncias de Cuba y la solidaridad
internacional.
Ellos no sólo
protegieron al pueblo cubano, sino también al de Estados
Unidos.
Un enorme cúmulo de violaciones de los Derechos Humanos y
de vejaciones han sufrido esos jóvenes cubanos desde que
fueron apresados, el 12 de septiembre de 1998.
La historia de la
infamia
En la misma mañana
en que Fernando, Gerardo, Ramón, Antonio y René fueron
arrestados, el FBI se comunicó con los congresistas Ileana
Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz Balart, conocidos defensores
de la mafia miamense, para darles la noticia. Es un hecho curioso.
El FBI no informó a los 25 legisladores de la Florida, sino
solamente a esos dos.
Una feroz campaña
relacionada con el caso de los "cinco espías cubanos"
se desató de inmediato en el abigarrado contexto de Miami.
Los detenidos fueron
interrogados durante seis horas consecutivas en el Cuartel General
del FBI en Miami. .Ese día los remitieron al Centro Federal
de Detención (FDC) y los ubicaron en celdas denominadas "solitarias",
sin tener contacto con el exterior durante 17 días.Sin
embargo, el asedio sicológico apenas comenzaba.
El 29 de septiembre
los trasladaron a la Unidad de Albergamiento Especial, sitio denominado
"el hueco", donde ningún prisionero puede desplazarse
si no va esposado con las manos en la espalda y acompañado
por guardianes.
Las entrevistas con
los abogados se efectuaban con un separador plástico de por
medio, y bajo vigilancia. Hasta marzo de 1999 permanecieron en solitaria.
Se les prohibió ver televisión, escuchar la radio
y leer la prensa. Esas condiciones se mantuvieron hasta el 3 de
febrero del 2000.
Fueron 17 meses de
atroz confinamiento, castigo que, según las normas carcelarias
estadounidenses, es reservado a casos graves de desórdenes
y asesinatos cometidos en prisión, y no debe exceder de 60
días. Tal proceder viola la Constitución norteamericana
y las normas de la ONU sobre tratamiento a los presos.
El 26 de junio los
ubicaron nuevamente en el "hueco", donde permanecieron
hasta el 13 de agosto. O sea, 48 días más.
De acuerdo con el criterio de juristas y especialistas cubanos,
los 17 meses de aislamiento tenían como propósito
obstaculizar la labor de la defensa. Los 48 días posteriores
se asocian a una especie de represalia. Los cinco acusados habían
enviado una carta dirigida a la opinión pública norteamericana,
en la cual explicaban la razón y los propósitos de
su actividad en Miami, y por la cual el FBI los hizo prisioneros.
Otro interés
era minar la capacidad moral y la voluntad de los cinco luchadores
contra el terrorismo, en momemntos en que preparaban los alegatos
que presentarían en la Vista de Sentencia, única oportunidad
en la que podrían hablar directamente ante la Corte.
¿Dónde
están los derechos humanos?
A René González
Schwerert, uno de los cinco héroes cubanos, le impidieron
ver a sus hijas, a pesar de que esa es una de las normas más
protegidas por la Declaración de los Derechos del Niño,
aprobada en Naciones Unidas.
Ivette González,
hija de René, nacida en Estados Unidos el 25 de abril de
1998, ciudadana norteamericana, ha visto a su padre -también
ciudadano norteamericano- solamente dos veces en cinco años.
Y él ha estado encadenado a una silla y con guardias vigilándolo.
En el mes de agosto
del 2000, tres meses antes del comienzo del juicio, la Oficina del
Fiscal del Distrito Sur de la Florida propuso a René que
se declarara culpable a cambio de que su esposa, Olga Salanueva,
no fuera deportada a Cuba.
El acusado rechazó
indignado esa "oferta". Olga Salanueva estuvo arrestada
tres meses y luego la deportaron definitivamente a Cuba, a donde
regresó con Ivette, cuyos contactos con su padre son improbables
porque la madre no puede ingresar a territorio de Estados Unidos.
Al comentar recientemente
esa situación, el Presidente de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, de Cuba, Ricardo Alarcón, se preguntó
¿A qué ciudadano norteamericano se le priva de sus
derechos de esa manera? ¿A qué niña norteamericana
se le prohíbe ver a su padre y por tan largo tiempo?
El juicio: un acto
de terrorismo jurídico
Las garantías
procesales en Estados Unidos incluyen habitualmente celebrar los
juicios en lugares donde exista un ambiente de imparcialidad. Pero,
en el caso de los cinco cubanos, se insistió en efectuarlo
en Miami, en un medio viciado por la influencia de individuos y
bandas de abierto carácter terrorista y anticubano.
En ese contexto surgió,
ocho meses después de la detención de los cinco cubanos,
una nueva acusación, la de conspiración para cometer
asesinato en primer grado, delito que se le imputó a Gerardo
Hernández, vinculado de manera absurda con el derribo de
dos avionetas piratas ocurrido el 24 de febrero de 1996. Ese hecho,
protagonizado por la Fuerza Aérea Cubana, obedeció
a un acto de legítima defensa ante reiteradas violaciones
del espacio aéreo nacional.
El insólito
curso del proceso condujo a que los letrados de la defensa tuvieran
que recurrir a los medios de información para enterarse de
supuestas pruebas acusatorias y de las acciones de la Fiscalía,
que les eran negados por la vía oficial.
Todas las "pruebas",
según el gobierno, pasaron a la categoría de "secretas"
, por lo que debían ser tratadas de acuerdo con la Ley de
Procedimiento para Información Clasificada. Pero se sabe
que la Corte entregó a los voceros de la mafia anticubana
de Miami más de 1 400 páginas de documentación
que fueron manipuladas en una grosera campaña contra Cuba
y los acusados.
Testigos de alto reconocimiento
político y militar negaron en su oportunidad que los cinco
cubanos se hubieran interesado en información sensible para
Estados Unidos y aseguraron que no realizaron acciones de espionaje.
Entre esas personas
se incluyen Richard Nuccio, ex asesor del presidente Clinton para
Cuba; los generales Charles Wilhelm (ex comandante en jefe del Comando
Sur); Edward Atkeson (ex vice jefe de Operaciones Navales) y el
coronel George Buckner, quien ocupó una importante responsabilidad
en el Comando del Sistema de Defensa Aérea de Norteamérica,
así como el general James Clapper, ex Director de la Agencia
de Inteligencia del Pentágono.
Se derrumbaba una colosal
mentira ante los ojos coléricos de la mafia. Ernesto Betancourt,
ex director de la emisora anticubana Radio Martí, escribió
en el Nuevo Herald que las supuestas evidencias presentadas por
los fiscales llevaban al banquillo de los acusados a los terroristas
de la organización Hermanos al Rescate.
Los miembros del Jurado,
sometidos a increíbles presiones, protestaron porque los
camarógrafos y reporteros de canales de televisión
de Miami seguían todos sus pasos y registraban las matrículas
de sus automóviles.
Finalmente, el miedo
pudo más que la razón. La Corte desestimó el
sentido de la justicia, la legalidad, la Constitución y los
atenuantes. Y condenó a Gerardo Hernández a dos cadenas
perpetuas, más quince años; a Ramón Labañino,
a una cadena perpetua, más 18 años; a Fernando González,
a 19 años; a René González, a 15 años;
y a Antonio Guerrero, cadena perpetua, más 10 años.
El caso de los cinco
cubanos luchadores contra el terrorismo se encuentra pendiente de
apelación en la Corte de Atlanta, instancia que no ha fijado
un calendario al respecto porque no ha recibido toda la documentación.
Los fiscales tratan
de que el tiempo entierre la infamia. Prometen entregar 150 páginas
con nuevas "pruebas" que, afirman, se encuentran todavía
bajo custodia porque son "secretas".
Pero los acusadores
saben que no hay ninguna prueba para demostrar que esos hombres
atentaron contra la seguridad nacional de Estados Unidos. Ello no
conspiraron para asesinar. Ello se limitaron a proteger de la muerte
al pueblo cubano y al pueblo norteamericano. Y esos cargos, si se
pueden denominar como tales, nunca los han negado.
Si el gobierno de Estados
Unidos no acogiera a connotados terroristas anticubanos en su territorio,
si no les permitiera actuar impunemente, esos cinco jóvenes
disfrutarían ahora en su Patria del cariño de familiares
y amigos.
Son inocentes, víctimas
de un proceso abyecto. El mundo debe reconocer el brillante expediente
contra el terrorismo que acumulan esos luchadores por la paz. Sólo
con el concurso de todos podremos liberarlos, en una cruzada por
la justicia.
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