Acusadores al servicio de los pandilleros

Por: Iván Becerra

Los fiscales que actuaron en el proceso contra los cinco cubanos que se infiltraron en grupos terroristas de Miami no representaron al gobierno de Estados Unidos, sino al sector extremista de la comunidad cubano-americana asentada en Miami.

Las organizaciones Alfa 66, Fundación Nacional Cubano-americana y Comandos F-4 no corrieron riesgo de ser inculpadas por actos violentos dentro y fuera de territorio norteamericano.

Por el contrario, representantes de esos grupos se abrazaban con los acusadores ante los ojos de todos, especialmente ante los de Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, cuyos derechos como acusados fueron pisoteados sin ningún escrúpulo.

Es difícil recordar un proceso judicial en el que se hayan violado tantos preceptos y principios, y cuyos veredictos hayan afectado no a los culpables, sino a los inocentes.

Las acciones del Ministerio Público en el tramposo juicio de Miami contra los cinco héroes cubanos nada tienen que ver con la búsqueda de la verdad.

Trataron de ocultar evidencias de actos terroristas perpetrados por las pandillas miamenses tanto en Cuba como en Estados Unidos, lo cual define el estado de necesidad que obliga a esta isla a tener ojos y oídos en la Florida.

Manipularon y tergiversaron los hechos. Intentaron controlar la Corte. Y presionaron a testigos, incluido el General Charles Whilhem, ex jefe del Comando Sur, para evitar que testificara en nombre de la Defensa.

El pueblo norteamericano, a medida que se entera de estos detalles, se avergüenza de esos fiscales. Ellos representaron a personas que carecen de moral y principios, a auténticos mafiosos que, en otros momentos, han llegado al punto de ultrajar públicamente la bandera de Estados Unidos.