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Cuba demuestra en Naciones Unidas su firme compromiso contra la tortura

La Habana, mayo 25-Al presentar su informe ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en virtud de sus obligaciones como Estado parte en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (22 y 23 de mayo del 2012), Cuba contó con el aval de la obra de justicia construida por la Revolución. La delegación cubana pudo argumentar, con datos contundentes e incontestables, la aplicación práctica de los preceptos que inspiran a la Convención y su plena coherencia con la filosofía de principios seguida por el Estado cubano con riguroso celo y compromiso.

La presentación cubana recordó que hasta 1959 la tortura y el abuso por parte de las autoridades policiales y militares eran parte de la política de Estado, y que fue el proceso revolucionario el que puso fin a tan despreciables prácticas, 25 años antes de que existiera la Convención de las Naciones Unidas.

Como es habitual en los exámenes de países, el Comité concentra su atención en temas tan complejos como el estado del sistema penitenciario, el rigor en la impartición y administración de justicia, las garantías para las personas bajo detención y la ética del sistema de orden público. Este órgano de la ONU está compuesto por diez expertos de diversos países que actúan a título personal, y tiene como mandato realizar recomendaciones a los Estados Partes sobre la aplicación de la Convención y la prevención de la tortura o actos afines en todas partes del mundo.

En la actualidad, y a pesar de la existencia de la Convención, la práctica de la tortura no ha desaparecido en varias partes del planeta. Su uso por la fuerzas militares y paramilitares del Gobierno de los Estados Unidos en Iraq, Afganistán, la Base Naval de Guantánamo, las cárceles secretas creadas por la CIA en Europa y otros sitios, es política oficial abiertamente reconocida por ese Gobierno. Asimismo, la brutalidad policial, como se ha podido ver en la represión en países europeos a manifestantes pacíficos y las muertes en prisión de personas encarceladas, constituyen también una constante.

En contraste con esta negativa situación, Cuba expuso los avances de los sistemas de justicia penal y penitenciario cubanos, que fortalecen la necesaria seguridad ciudadana, y descansan en la rehabilitación, en el respeto a las garantías y los derechos ciudadanos, y en las concepciones más avanzadas sobre la materia.

Cuba defendió su informe en condiciones diferentes a otros países. Enfrenta, como ningún otro, la persistente campaña de difamación y descrédito que financia y promueve el Imperio, con la cual se politiza un examen de esta naturaleza, se limita su necesaria objetividad e imparcialidad, y se introducen elementos sesgados que forman parte de los pertinaces intentos de desestabilización interna que promueve el gobierno de los Estados Unidos.

La delegación cubana, encabezada por el vicefiscal General de la República, Rafael Pino Bécquer demostró, sin que quedara duda alguna, el apego de la Revolución a la aplicación de una política contra la tortura y el abuso.

La presentación de nuestro país apuntó que el Código Penal cubano establece más de diez figuras delictivas que brindan una adecuada protección ante la ocurrencia de cualquier maltrato y tiene como base el mandato constitucional que establece el respeto a la dignidad de todas las personas.

Resaltó que los jefes y agentes de las fuerzas del orden cubanas se forman en el respeto a la integridad física y moral de todas las personas, y se les inculca una alta sensibilidad humana para cumplir con su misión de velar por el orden interior y la tranquilidad ciudadana, incluyendo en sus planes de preparación y capacitación las regulaciones jurídicas internacionales, entre ellas, las disposiciones de la Convención.

Demostró el papel de la Fiscalía como órgano de control de la legalidad para asegurar la protección y la promoción de los derechos de todos los internos en los establecimientos penitenciarios del país, así como las medidas que adopta la Revolución para garantizar que las personas sancionadas alcancen un nivel educacional y se formen en oficios y profesiones que les permitan su realización personal y potencien su utilidad para la sociedad desde un trabajo digno y justamente remunerado.

Y denotó el empeño de continuar trabajando para fortalecer y actualizar la legislación penal y profundizar aún más en la plena aplicación de la Convención, con mecanismos seguros, eficientes y responsables para garantizarlo.

Cuba puede estar orgullosa de su trayectoria en el cumplimiento de lo estipulado por la Convención y de los objetivos para los que esta se concibió.

 

 


Director General: Omayda Alonso Diezcabezas

Equipo de Realización: Joao Fariñas González y Pablo Fariñas Viñals

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